diciembre 19, 2024

Detienen e inhabilitan a Cristina Chamorro, candidata de oposición en Nicaragua

Justicia determina que no podrá participar en las presidenciales

La periodista y aspirante a la presidencia Cristiana Chamorro quedó ayer bajo arresto domiciliario, tras una acusación de lavado de dinero planteada por el gobierno.

“Después de más de cinco horas de allanamiento policial en la vivienda de mi hermana Cristiana Chamorro, precandidata presidencial, a las 5H15 [23H15 GMT] los policías antimotines la dejan bajo ‘arresto domiciliar’, bajo ais- lamiento. Su casa sigue ocupada por la Policía”, escribió en Twitter Carlos Fernando Chamorro, su hermano, quien antes informó que ella fue detenida.
Carlos Chamorro dijo en Twitter que la policía allanó la casa de su hermana al mediodía con una orden emitida por la jueza Karen Chavarría.

La presidenta de la ONG Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, declaró a periodistas que los agentes policiales irrumpieron “violentamente” en la residencia de Cristiana Chamorro. La periodista había convocado a una rueda de prensa a las 12:00 horas y el ingreso de los agentes policiales se produjo unos 15 minutos antes de esa hora. Chamorro, de 67 años, es investigada por supuesto lavado de dinero por la Fiscalía, que la noche del martes la declaró acusada y pidió a las autoridades competentes inhibirla para postularse a un cargo público.

Ayer se emitió el fallo judicial que inhabilita a Chamorro para participar en las elecciones convocadas para el 7 de noviembre por “no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, por encontrarse en un proceso penal investigativo”. En esos comicios, el presidente sandinista Daniel Ortega, en el poder desde 2007, busca una nueva reelección.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó a Ortega a “terminar con el acoso y acorralamiento de las voces críticas”, el mismo día en que fue inhabilitada Cristiana Chamorro.

Jorge Canahuati, presidente de la SIP, señaló que la institución se mantiene en estado de alerta ante la “violencia gubernamental y la ausencia de debido proceso judicial”.

Fuente: El Universal