Yucatán: DIF separó a madre de sus hijos por ser lesbiana

Hace tres semanas, Julissa fue ingresada al Hospital General Dr. Agustín O’Horán, ubicado en Mérida, Yucatán, para parir a su segunda hija. Aquel día, fue la única vez que pudo verla, porque las autoridades hospitalarias consideraron que la niña y su hermanito de seis años no estaban seguros con su madre, por lo que los niños fueron retenidos y actualmente se encuentran en albergues del Sistema DIF del estado.

Dariana Quintal, abogada que está acompañando el caso de Julissa, señaló en entrevista que las autoridades inventan motivos para separar a la mujer de 30 años de sus dos hijos, aunque en realidad lo hicieron por discriminarla en razón de que es lesbiana. El DIF de Yucatán afirmó en un comunicado que “frente al riesgo en que se encontraban los niños, pasaron a estar bajo tutela del Estado… siempre priorizando la seguridad y correcto desarrollo de los menores”.

El DIF de Yucatán señaló que esta acción se dio en respuesta al llamado que las autoridades recibieron del personal del hospital el 26 de octubre. Los funcionarios del lugar reportaron que la niña, con entonces dos días de nacida, así como su hermano presentaban evidencias de malos tratos. Animal Político consultó a los Servicios de Salud del estado sobre la motivación de la denuncia que interpusieron, sin que al momento de la publicación la dependencia haya dado respuesta.

Sobre estos hechos, la abogada Quintal afirmó que a Julissa una trabajadora social le hizo preguntas personales desde antes del parto, algo que consideró “fuera de lugar, porque estuvo cuestionándola sobre por qué no tenía marido, si le gustaban las mujeres y si su acompañante era su pareja, e hicieron comentarios de que eso podría dar mal ejemplo a los niños”.

“Esta mujer empezó a hacerle plática y Julissa muy confiada le comentó, por ejemplo, que cuando era adolescente alguna vez usó mariguana, y en el hospital comenzaron a manejar el asunto como si ella fuera una drogadicta. De hecho, entre los exámenes que ella está presentando para recuperar a los niños está una prueba toxicológica en la que se observa que los resultados son negativos para toda sustancia”, detalló Quintal.

Según la versión que las autoridades ministeriales han dado a la abogada y a Julissa, las acusaciones realizadas en contra de la madre por supuesto maltrato están sustentadas en los testimonios de algunas vecinas de la joven. Sin embargo, Quintal afirmó que las mujeres que han presentado voluntariamente su declaración ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennay), y que conocen a esta familia desde hace años, han señalado que los niños no viven situaciones de violencia.

“En vez de separarlos, deberían ayudar a la familia”

Pese a las explicaciones del DIF de Yucatán, Quintal sostuvo que existe discriminación contra Julissa y que se ha violentado a sus hijos con el proceso al que están siendo sometidos. Al niño de seis años, por ejemplo, le practicaron exámenes para descartar que hubiera sido víctima de abuso sexual, los cuales incluyeron una exploración anal, aunque no hay una denuncia que fundamente la necesidad de practicarle dicha evaluación.

“Imagínese el evento traumático para el niño, no solo lo separan de su madre, su única familia, sino que además lo someten a esta exploración. Julissa habló conmigo de esto y llorando me dijo que no puede ni imaginar cómo la pasó su hijo, porque ella siempre lo educó para que no permitiera que extraños tocaran sus partes íntimas, y ahora, sin necesidad, esto fue lo que le hicieron”, indicó la abogada. El examen concluyó que el niño no presentaba datos de penetración.

De acuerdo con la abogada, al no acreditarse el supuesto de abuso sexual contra el menor, las autoridades de la Prodennay buscaron otro pretexto para acusar a Julissa de ser una mala madre, por lo que argumentaron que el proceso de separación de su hijo se dio a causa de que ella no lo había registrado ante el Registro Civil.

“Es un pretexto puramente administrativo, lo que me parece absurdo, porque si ese fuera realmente el problema, en vez de separarlos deberían ayudar a la familia, que la muchacha tenga apoyo para el registro del niño, y no que se tomen acciones legales. Las autoridades saben que lo único que se necesita para que recupere a sus hijos es a través del no ejercicio de la acción penal, pero hasta ahora se han negado a absolverla de las acusaciones”, agregó la defensora.

Al respecto, el DIF de Yucatán indicó que se acreditaron varias omisiones en el cuidado del niño, ya que, además de no estar registrado, no acude a la escuela y muestra signos de violencia, “resultando que no se restituye en su totalidad sus derechos para vivir en condiciones dignas y para su sano desarrollo”.

Los estragos de la criminalización

Además de las afectaciones psicológicas que ha provocado la separación a Julissa, su abogada explicó que ha tenido problemas físicos, derivado de que no tuvo oportunidad de guardar reposo después del parto de la niña.

A los 10 días de que su hija nació, y con la preocupación de que las autoridades no se la quisieron dar, Julissa tuvo que retomar su trabajo como ayudante de albañil, con el fin de reunir el dinero suficiente para pagar los exámenes médicos que las autoridades le solicitaron como requisitos de la investigación.

“Tiene mucho estrés, ha presentado sangrados y otras complicaciones derivadas de que no puede amamantar a su bebé. Física y emocionalmente han perjudicado mucho a esta muchacha… está devastada, ingresó al hospital con la ilusión de salir con su niña en brazos, y ahora le niegan la oportunidad de ver crecer y cuidar a sus dos hijos”, lamentó.

La Prodennay aseguró que ya solicitó a Julissa el certificado de nacimiento de su hijo, para realizar el trámite correspondiente de registro de los dos niños, mientras continúa el proceso de investigación. Durante este tiempo, debido a que la joven no cuenta con familiares cercanos en Yucatán, los niños permanecerán bajo resguardo de las autoridades.

“Nosotras estamos agilizando las diligencias de la investigación y vamos a evaluar la posibilidad de promover un amparo para recuperar a los niños y a ver de qué forma podemos garantizar que las autoridades rindan cuentas, porque esto no se puede quedar así, tiene que evidenciarse, porque quién sabe cuántas otras mujeres hayan pasado por lo mismo, que por el hecho de tener una apariencia masculina, o por su orientación sexual, tengan que pasar por esto”, alegó la abogada Quintal.