Secuestros, extorsiones y tortura a migrantes, así es como opera «La Mafia Cubana en Quintana Roo»
Desde el 2009, una banda criminal integrada por personas originarias de Cuba comenzó a operar en México, específicamente en Quintana Roo, estado con un gran atractivo turístico gracias a sus playas, cenotes y cuevas marinas. Entre sus principales actividades destaca la extorsión a migrantes que buscan llegar a la frontera norte.
Se trata del grupo delictivo conocido como “La Mafia Cubana en Quintana Roo”, cuyos alcances se extienden al sur de Florida, en Estados Unidos (EEUU). Esta semana, uno de sus miembros fue condenado en Miami y tras su juicio se pudo conocer el modus operandi de la organización transnacional.
El sujeto fue identificado como Javier Hernández, de 50 años, quien se dedicaba al robo de embarcaciones en la costa oeste de Florida. Según los expedientes judiciales, formó parte de la mafia cubana durante casi una década junto a uno de sus coacusados, Ramón Reyes Aranda, de 38 años y residente en Naples.
Mientras que Reyes identificaba las embarcaciones, Hernández se encargaba de su envío a territorio mexicano. “Los bienes robados se transportaban a un cómplice en México, que los utilizaba para facilitar y promover las actividades de la organización”, informó en un comunicado el Departamento de Justicia.
Según las pruebas, ambos individuos fueron contactados por un criminal cubano de nombre José Miguel González Vidal, quien los convenció de que trabajaran para su agrupación mediante el transporte de los bienes sustraídos. Fue así como Hernández se unió a los cubanos y, con ello, las autoridades estadounidenses pudieron conocer la red criminal detrás de esta serie de robos.
Además de González Vidal, los informes oficiales indican que la banda cubana era encabezada por cinco ciudadanos de dicho país, identificados como: Reynaldo Abreu García, de 56 años; Yohismy Pérez González, de 40 años; Yosvani Carbonel Lemus, de 43 años; Reynaldo Crespo Márquez, de 44 años, y Jancer Sergio Ramos Valdés, de 37 años. Todos ellos residían en México, donde coordinaban sus actividades delincuenciales.
Además de los cubanos, Maikel Antonio Hechavarría Reyes y Mónica Susana Castillo (ambos mexicanos) formaban parte de este grupo que, de acuerdo con las acusaciones, se beneficiaba del tráfico ilícito y la extorsión a migrantes retenidos como rehenes en México.
Luego de una investigación exhaustiva llevada a cabo por autoridades de EEUU y México, se dio a conocer que “La Mafia Cubana” identificaba a las personas extranjeras que buscaban llegar al país vecino. Posteriormente las privaban de su libertad y les exigían el contacto de un familiar.
Una vez con dicha información, pedían cerca de USD 10 mil (poco más de 180 mil pesos) a los familiares de las víctimas para su respectivo rescate. En caso de que se negaran a pagar dicha cantidad, los amenazaban con “torturar, matar de hambre y asesinar” a los migrantes secuestrados.
Cuando el pago no se concretaba, los cubanos comenzaban a golpear a sus víctimas con cuchillos y pistolas. Asimismo, las electrocutaban con armas paralizantes. La tortura continuaba hasta que las autoridades mexicanas las rescataban.
“Si el familiar de una víctima podía pagar el rescate, la organización la liberaba y la enviaba en autobús a la frontera entre Estados Unidos y México con instrucciones de solicitar asilo político”, se detalló.
Sin embargo, la extorsión y el secuestro no eran los únicos actos criminales de la mafia cubana, pues también lucraba con el tráfico de armas y fraudes. Asimismo, en varias ocasiones trataron de sobornar a funcionarios federales en EEUU para que les permitieran introducir sustancias controladas de contrabando para su distribución en el Centro de Detención Federal (FDC) en Miami.
Debido a ello, cuatro de sus principales miembros se declararon culpables de contrabando de migrantes en EEUU. González Vidal, Crespo Márquez, Abreu García, Pérez González, Carbonel Lemus y Ramos Valdés esperan sus sentencias que están previstas para los próximos meses de noviembre y diciembre.
En cuanto a la sentencia de Hernández, su audiencia está fijada para el 5 de enero de 2024.
