febrero 24, 2026

Primera sesión itinerante de la SCJN será en Chiapas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prevé realizar el próximo jueves en Chiapas su primera sesión itinerante, un hecho histórico con el que la renovada integración del pleno busca acercar la justicia a las comunidades más vulnerables del país.

El tema central será la revisión de un amparo promovido por la comunidad indígena tsotsil La Candelaria en busca del reconocimiento formal de su autogobierno en las leyes estatales de Chiapas, lo que marcaría un precedente a nivel nacional.

Fuentes del alto tribunal informaron a La Jornada que la sesión tendrá lugar en una plaza pública de Tenejapa u otra comunidad cercana de la región de los altos de Chiapas; sin embargo, persiste inquietud entre los ministros por aplazar el acto ante los recientes disturbios en el país que derivaron del operativo federal en Tapalpa, Jalisco, en el que fue abatido Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Impulsadas por varios ministros, en especial por el presidente Hugo Aguilar Ortiz, las sesiones se formalizaron el 4 de septiembre con su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El reglamento permite al pleno sesionar en distintas regiones por su interés y trascendencia, con prioridad a asuntos de comunidades indígenas y afromexicanas, derechos humanos y otros de alto impacto social.

En la lista preliminar del próximo jueves, la Suprema Corte incluyó por primera vez sólo tres proyectos, cuando en promedio se enlistan entre 30 y 60 asuntos.

El primer asunto, de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, es el amparo en revisión 344/2025, atraído por la Corte en junio pasado por su interés y trascendencia, en el que plantea definir el alcance del autogobierno indígena tras la reforma al artículo 2 constitucional, que reconoció a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.

La togada propone declarar la omisión del Congreso de Chiapas por no expedir un marco jurídico que haga operativos esos derechos, al carecer de mecanismos para que las comunidades ejerzan su libre determinación, administren recursos y validen a sus autoridades, y ordenar que se emita la legislación necesaria para garantizar su autonomía política y social.

La comunidad de La Candelaria busca que la Corte defina si el autogobierno indígena constituye un cuarto orden; el proyecto aclara que “no implica la creación de un cuarto nivel de gobierno ni altera el diseño federal o municipal”, sino que es una forma de libre determinación que coexiste con las estructuras ordinarias. Añade que “no otorga privilegios”, sino que establece condiciones para “garantizar igualdad sustantiva” al ejercer sus derechos.