Lucha judicial para garantizar derechos de la comunidad LGBTTTIQ+ en Yucatán

Los logros obtenidos por el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+ han sido a través de la vía jurídica. La constitución de Yucatán, leyes estatales y normas municipales, no garantizan el goce pleno de éstos, reflexionan representantes de agrupaciones civiles.

A pesar de tener la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y otros apoyos legales, Yucatán sigue vulnerando los derechos de esta población.

Esto es reflejo de que en la entidad existe una violación sistemática de los derechos por parte del Estado, sentencia Amelia Ojeda Sosa, coordinadora jurídica de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el crecimiento personal (Unasse).

Junto a Jorge Fernández Mendiburu, abogado de Indignación, hace un balance de los logros obtenidos y los pendientes que existen en el estado en la defensa de los derechos humanos de la diversidad sexual.

Ojeda Sosa explica que los logros obtenidos han sido utilizando estrategias jurídicas en el reconocimiento y garantías de las personas LGBTTTIQ+.

El 15 de julio de 2019, el Congreso de Yucatán rechazó las reformas a las leyes civiles del estado para permitir el matrimonio a personas del mismo sexo. Fue la segunda ocasión en menos de un año.

Con 15 votos en contra y nueve a favor –emitidos en secreto- los legisladores locales rechazaron la iniciativa que fue discutida y votada por primera ocasión el pasado 10 de abril, fecha en la que la votación legislativa tuvo exactamente el mismo resultado.

Diversas agrupaciones han promovido una lluvia de amparos para que los legisladores reconozcan este derecho en la ley estatal. Sin embargo se han encontrado con un muro de violaciones y resistencias por parte de los mismos legisladores y de grupos ultra conservadores que ejercen presión, anteponiendo una ideología religiosa y no velando por los derechos humanos.

En 2009, detalla Amelia, se puso un candado importante en el marco normativo de la constitución local, que complicaba el panorama para la lucha, pues impide que se puedan tener cambios en el Código Civil y Familiar sin que antes se reforme la Constitución, y reconoce la vida desde la concepción, por lo que se iniciaron varias acciones. Indignación presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado Yucatán (Codhey), pero se obtuvo una respuesta negativa.

Sin embargo, las organizaciones encontraron otros caminos para que a pesar de estos obstáculos, se pueda garantizar este reconocimiento de derechos.

En 2012, contacta al abogado que inició amparos para matrimonios igualitarios en Oaxaca y junto con Indignación analizan la posibilidad de implementar esta acción en Yucatán.

Un año después presentaron el primer amparo, que tuvo una sentencia favorable; la pareja pudo contraer matrimonio civil en el estado. Desde entonces han promovido más de 100 amparos para que personas del mismo sexo puedan casarse.

También en 2014 presentaron un amparo colectivo, unas 80 personas, donde se alegaba la discriminación que existe en el marco normativo. La sentencia fue negativa, se interpone una revisión y luego de tres años, en el 2017 se obtiene una sentencia favorable. Esto quiere decir que las personas, con la copia certificada de su sentencia, en cualquier momento, pueden contraer matrimonio, ya que en ese momento, muchas personas no tenían pareja; éste recurso no tiene caducidad.

Aunado a esto, agrega, una pareja obtuvo el reconocimiento del concubinato: en 2015 presentaron un amparo para que el hijo de la primera pareja de mujeres que contrajo matrimonio, que decidieron tener mediante técnicas de reproducción asistida, pudiera llevar los apellidos de las dos. Lo lograron.

En el tema de identidad de personas trans, en 2018 presentaron una incitativa de ley que cobijó Cindy Santos Ramayo, entonces diputada por el partido Nueva Alianza. La propuesta nunca fue analizada, está archivada, pero también vía amparo han logrado que personas trans accedan a la adecuación de su acta de nacimiento.

De hecho, destacó, en Yucatán se dio uno de los primeros casos donde un niño trans, de 12 años con el apoyo de su familia, mediante juicio de amparo, logró adecuar su acta de nacimiento de acuerdo a su identidad de género.

Violación sistemática de derechos

Para Amelia Ojeda, esta lucha jurídica es reflejo de que existe una violación sistemática de los derechos humanos por parte del Poder Legislativo, pues aún habiendo incitativas para garantizarlos no se analizan o se rechazan.

“Las mismas bancadas de los partidos, sin necesidad de que se les solicite por una cuestión del trabajo que están obligados a realizar, tampoco analizan los marcos normativos para hacer adecuaciones y responda a un marco de derechos humanos donde todas y todos sean reconocidos y garantizados sus derechos”, manifestó.

Falta consolidación del movimiento LGBTTTIQ+

Por su parte, Fernández Mendiburu reconoció que si bien se han abierto las puertas a través de la vía jurídica, esto demuestra que hay cierta debilidad en el movimiento LGBTTTIQ+, que no ha logrado, con la movilización política, estos cambios.

De acuerdo con el abogado, hace falta una consolidación política del movimiento en la promoción de acciones, pero igual obligue a las autoridades a realizar las modificaciones legislativas necesarias.

“Se tiene que reforzar el movimiento de la diversidad sexual, politizarse mucho más para ser un bloque de peso real que obligue a las autoridades a hacer los cambios legislativos necesarios y de política pública”, manifestó.

Trabajadoras sexuales

El pasado mes de junio, por unanimidad de votos, el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en Mérida, confirmó que el artículo 15, fracción VI del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida que sanciona el trabajo sexual en la vía pública, emitido por el ayuntamiento, es inconstitucional, pues es contrario a los artículos 1 y 5 de la Constitución nacional, que establecen el derecho a la no discriminación y al trabajo, respectivamente.

Esta resolución fue resultado de un amparo que fue presentado por 16 trabajadoras sexuales del centro de Mérida, la mayoría mujeres trans, con apoyo de Indignación y Unasse, frente a los constantes operativos de la policía municipal que derivaron en violaciones a sus derechos humanos.

Al respecto, Fernández Mendiburu indicó que la autoridad municipal, emanada del PAN, debería cambiar el reglamento. “Frente a esta declaratoria de inconstitucionalidad de un tribunal colegiado, un gobierno democrático debe modificar su normatividad”, expresó.

Además, añadió, generar espacios de diálogo con las trabajadoras sexuales, y trabajadores sexuales que también hay, para poder acabar con las práctica discriminatorias, tener condiciones para ejercer su labor, también ofrecer la opción de salir de esta situación para quienes lo deseen.

Panorama complicado

El PAN, por primera vez en su historia, tendrá mayoría absoluta en el Congreso local, con 14 diputaciones de mayoría relativa. También ganó tres de cinco diputaciones federales.

Esta situación preocupa a las agrupaciones civiles, pues dicho partido ha demostrado sus tendencias conservadoras, han votado en contra del matrimonio igualitario entro otros temas relacionados con la diversidad sexual.

“Es un panorama negativo, no creo que con esta nueva legislatura, durante los próximos tres años, se pueda lograr avances”, indicó Fernández Mendiburu.

Fuente: La Jornada Maya