Guardia Nacional y policía de Quintana Roo torturaron a un civil, define la CNDH
Elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo (SSP-QROO) cometieron violaciones a los derechos humanos a la libertad personal, seguridad jurídica por retención ilegal, a la integridad personal y al trato digno por actos de tortura en agravio de una persona.
Así lo dio a conocer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la cual emitió una recomendación a la titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y al titular de la Secretaría de la SSP-QROO, Lucio Hernández Gutiérrez.
El organismo autónomo precisó que el 4 de noviembre de 2019, la víctima fue detenida por elementos policiacos de la SSP-QROO y elementos de la Guardia Nacional y trasladada a la base de la primera dependencia mencionada, donde fue golpeado y torturado por los elementos de las dos corporaciones
“En ese mismo lugar fue valorado por un médico adscrito a precitada secretaría, y puesto a disposición de la FGR (Fiscalía General de la República) horas después de su detención”, se lee en la recomendación 33/2022.
La CNDH informó que pudo acreditar las violaciones a los derechos fundamentales con base en elementos como el contenido de la queja; la omisión del médico adscrito a la SSP-QROO, quien no realizó una exploración exhaustiva de la víctima, y certificó que no contaba con lesiones aunque tenía varias; la Opinión Médica-Psicológica Especializada, realizada por esta Comisión Nacional el 23 de junio de 2021, así como con base en las inconsistencias que obran en los informes rendidos a esta CNDH por las autoridades responsables.
Derivado de esta situación, el órgano solicitó a la dependencia federal como la estatal que, con el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se brinde la reparación integral del daño a la persona agraviada en sus derechos, que incluya una compensación justa, en términos de la Ley General de Víctimas. Asimismo, que se le inscriba en el Registro Nacional de Víctimas, a fin de que tenga acceso al Fondo de Ayuda y Asistencia y Reparación Integral, así como para que se le brinde la atención médica y psicológica que requiera.
