Gobierno expropia 45 inmuebles para Tramo 4 del Tren Maya
El Gobierno de México ordenó este viernes. por medio de un decreto, expropiar 45 inmuebles en los estados de Yucatán y Quintana Roo, lo cual tiene como objetivo seguir con la construcción del Tramo 4 del Tren Maya, considerada obra prioritaria del Gobierno Federal.
Se trata de más de 206 mil metros cuadrados de inmuebles ubicados en los municipios de Sudzal, Kantunil, Tinum, Uayma, Valladolid y Chemax, en el estado de Yucatán, y de Puerto Morelos, en Quintana Roo.
“Se expropia por causa de utilidad pública la superficie de 206 mil 123.80 metros cuadrados, de 45 inmuebles de propiedad privada”, se puede leer en el decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Se apuntó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano procede a la ocupación inmediata de los bienes materia de esta expropiación, y que la interposición de cualquier medio de defensa no suspende la ocupación señalada en el decreto.
Además, se explicó que Fonatur, Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V. y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, deben coordinarse para cubrir con su presupuesto autorizado el monto de la indemnización que en términos de ley deba pagarse a quienes acrediten su legítimo derecho, de conformidad con los avalúos que emitió el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de este decreto, los interesados podrán acudir al procedimiento judicial a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Expropiación, con el único objeto de controvertir el monto de la indemnización.
El Tren Maya abarca los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde se planea construir una ruta de mil 554 kilómetros de vía férrea.
El Tren Maya es uno de los megaproyectos del presidente López Obrador, con el que busca potenciar el desarrollo en el sureste mexicano, mientras que organizaciones nacionales e internacionales han manifestado su preocupación por el posible impacto negativo a los derechos humanos de los pueblos indígenas mexicanos y en el medioambiente de la zona.
