Exigen alto al hostigamiento contra periodistas en Yucatán

El primer caso se dio a conocer el pasado 11 de abril, cuando a través de un oficio de la Fiscalía General del Estado (FGE), se informó que la Jueza de Control del Primer Departamento Judicial del Estado, Beatriz Bonilla González, ordenó a los medios de comunicación “Cambio del Sureste”, “Grillo de Yucatán”, “Infolliteras”, “Noticias al Punto”, “Yucatán al Segundo” y la “Noticia Ciudadana”, eliminar las notas relativas a la revocación de la jubilación de la ciudadana Leticia Noemí García Maldonado, ex subsecretaria de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), notas de interés público por tratarse de posibles actos de corrupción.

Como se recordará, otros periodistas como Félix Bigman y Maru Luján también fueron víctimas de hostigamiento judicial por publicar notas sobre ese tema, de acuerdo con reportes de la organización Artículo 19.

En el documento de la FGE también se agrega que dichos medios debían cumplir la orden en un plazo de 24 horas contadas a partir de haber recibido el oficio, o de lo contrario, se harían acreedores de una de las sanciones estipuladas en el Artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre las cuales se encuentran una amonestación, multa, auxilio de la fuerza pública o arresto por 36 horas. Sin embargo, en el oficio no se justifica por qué se impone tal medida.

Cinco días más tarde, el director del portal noticioso “Infolliteras” (www.infolliteras.com), Eduardo Lliteras, fue notificado de una demanda en su contra radicada en el Juzgado Tercero del Primer Departamento Judicial del Estado, la cual fue presentada por el ex subprocurador Rafael Acosta Solís por presunto daño moral, tras la publicación de una nota que compartía información enviada por el Frente Campesino en Defensa de la Tierra y la Vida y que fue publicada en la sección “Cartas a la redacción”, en la que se acusa al ex funcionario de despojo de tierras, así como del robo de un bulto con dinero y documentación de los ejidatarios de Samahil, acto realizado en las instalaciones del Tribunal Unitario Agrario (TUA) con sede en Mérida, Yucatán.

En ese caso, el ex subprocurador exigió el retiro de la nota y el pago de medio millón de pesos, más los costos del proceso judicial. En el documento de la demanda, consta que el ex funcionario también demandó a los medios “La Jornada Maya”, “Presidio”, “Lector MX” y “Rompecabezas”.

Estos hechos resultan alarmantes en tanto impiden a periodistas realizar su trabajo: el de fiscalizar al poder y denunciar el actuar de funcionarias, funcionarios, empresarias y empresarios, y mantener informada a la ciudadanía de asuntos de interés público,

Por otro lado, preocupa el caso particular del periodista Eduardo Lliteras, quien desde el 2019 ha acumulado dos denuncias penales y una demanda, por publicar notas relacionadas con el despojo de tierras ejidales y posibles actos de corrupción.

Como se recordará, el pasado 16 de febrero periodistas locales presentaron una solicitud formal ante el Congreso del Estado para eliminar del Código Penal Local el delito de difamación, precisamente por tratarse de una figura utilizada para obstaculizar la labor periodística, particularmente la de aquellas y aquellos encargados de investigar temas de corrupción, despojo de tierras y defensa del territorio.

De acuerdo con criterios nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, los tipos penales como la injuria, calumnias y difamación, son calificados como medios de violación indirecta a la libertad de expresión, ya que generan un efecto inhibidor, frente al cual las personas prefieren autocensurarse antes que sufrir las sanciones. Por ello se han declarado inconstitucionales e inconvencionales: por violar los derechos de libertad de expresión y acceso a la información, tal y como indica la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 2000.

No podemos permitir que periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos sean víctimas de hostigamiento judicial. Por tanto, exigimos a las autoridades correspondientes:

Respetar el derecho a la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información.

Cesar los ataques contra periodistas en Yucatán.

Detener el hostigamiento judicial contra el periodista Eduardo Lliteras y contra cualquier periodista que, en cumplimiento de su labor de informar a la ciudadanía, reciba amenazas, intimidaciones y denuncias, sobre todo, si se trata de medios de comunicación o periodistas independientes que se encargan de vigilar el actuar del Estado y del sector empresarial.

Reiteramos nuestro apoyo a la solicitud de periodistas de Yucatán de eliminar el delito de difamación del Código Penal local, y exigimos al Congreso del Estado adecuar la legislación local a los estándares de protección desarrollados en la materia.