Congreso de Chiapas aprueba reforma para evitar matrimonios infantiles y cohabitación forzada
Con el objetivo de “erradicar los matrimonios infantiles y uniones informales obligadas, sobre todo en pueblos y comunidades indígenas que llevan a cabo esta práctica bajo los ‘usos y costumbres’», el Congreso local aprobó este viernes reformas al Código Penal en materia de cohabitación forzada.
Las modificaciones incluyen penas de 8 a 15 años de prisión y de mil a 2 mil 500 días de salarios mínimos de multa, que aumentarán cuando la víctima pertenezca a comunidades indígenas o afro mexicanas.“El Congreso del estado atiende una de las demandas ciudadanas más sentidas, con lo que se penalizará a quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a un menor de edad o a quien no tenga capacidad para comprender el hecho, a vivir de manera informal con otra persona”, dijo en tribuna la diputada Rosa Linda López Sánchez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género.
La legisladora del Partido Verde Ecologista de México, manifestó que las reformas aprobadas este viernes son “un paso necesario para la protección efectiva de los derechos humanos, en particular de niñas y adolescentes chiapanecas”.Agregó que la iniciativa aprobada por los disputados “no va en contra de los usos y costumbres, sino en contra de prácticas que no pueden seguir justificándose porque vulneran derechos libertades y la dignidad humana.
Las tradiciones no pueden ser un escudo para permitir la violencia, ninguna práctica por antigua o extendida que sea, puede estar por encima de los derechos humanos ni del interés superior de la niñez”. Sostuvo que en muchos casos estas prácticas encubren delitos graves y “no importa si existe un consentimiento familiar, si se presenta como un acuerdo comunitario, cuando una menor es entregada para vivir en una unión forzada se le expone al abuso.
El Estado no puede ser neutral frente a esta realidad, ya que la neutralidad aquí es complicidad, por lo que este dictamen propone sanciones claras y firmes porque proteger a la niñez; no es una opción política sino una obligación constitucional, ética y humana”. Las reformas fueron aprobadas casi un mes después de que una niña tsotsil de 13 años, dio a luz en el hospital de las Culturas de San Cristóbal y que presentó un embarazo de alto riesgo, que puso en riesgo su vida y la del recién nacido.
