Confirma TFJA inhabilitación por 10 años a exdelegado de Sagarpa en Chiapas
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa también revalidó la multa resarcitoria por más de 57 millones de pesos que impuso la Secretaría de la Función Pública a Cruz Alberto Uc Hernández
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la inhabilitación por 10 años y una multa resarcitoria por más de 57 millones de pesos que impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de Cruz Alberto Uc Hernández, exdelegado federal en Chiapas de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), por irregularidades detectadas en la operación del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) en el año 2016.
En un comunicado, la Función Pública detalló que las irregularidades fueron detectadas tras una auditoría realizada por el Órgano Interno de Control (OIC) en la hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que tras una investigación determinó que se había realizado una dispersión indebida de recursos a beneficiarios del PIMAF, cuyo objetivo era otorgar apoyos a pequeños productores de maíz y frijol, ya que no se contaba con los expedientes correctamente integrados y no se cumplía con los requisitos establecidos en la reglas de operación del programa.
Por tal razón, indicó la dependencia federal, el OIC en Sader le impuso al exfuncionario, en diciembre de 2019, una inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un plazo de 10 años y una multa resarcitoria por 57 millones 192 mil pesos.
Sin embargo, el año pasado, Uc Hernández inició un juicio de nulidad ante la Tercera Sala Regional Metropolitana del TFJA sin embargo, dicha instancia concedió la razón a la Secretaría de la Función Pública, al reconocer la validez de la sanción y emitir la sentencia definitiva.
Ante esta ratificación de sanciones, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la SF, aseguró que la dependencia a su cargo tiene la “firme convicción” de defender la legalidad de sus resoluciones en todas las instancias correspondientes.
“He instruido a las áreas sancionatorias y legales aplicar el máximo esfuerzo en hacer valer las sanciones determinadas. La resolución que estamos informando es una evidencia más del sólido trabajo que estamos realizando para no permitir la impunidad en los malos manejos de los recursos públicos, sobre todo en un área tan afectada por el régimen neoliberal como el campo. De esta manera contribuimos a su rescate”, aseveró.
