Colombia: ¿Qué cosas exige el pueblo en las protestas por paro nacional?
El movimiento de protesta que nació en Colombia el 21 de noviembre de 2019 estaba pausado, menguado en tiempos de pandemia.
Pero, tras la reforma tributaria que propuso hace dos semanas el presidente Iván Duque le dio un empuje inesperado y determinante.
Economistas de todas las vertientes coinciden en que el Estado colombiano está urgido de una reforma que aumente el recaudo y permita no solo saldar el déficit y pagar la deuda, sino mantener la histórica reputación de país estable y responsable ante los ojos de los mercados internacionales.
La reforma que propuso Duque era, según los economistas, «ambiciosa» y, para un gobierno de centro-derecha, inesperadamente «progresista».
Pero los críticos la consideraron «inoportuna» en medio de la crisis social generada por la pandemia, así como «insuficiente» en su búsqueda de proteger a los vulnerables y cobrarles más a los ricos.
Ahora la pregunta es ¿qué tipo de reforma se concertará?
Sin embargo, este momento histórico para Colombia presenta otra pregunta: ¿seguirán en las calles las masivas protestas que han paralizado a parte del país, no solo en las grandes ciudades, sino en pequeños y medianos municipios?
Tan pronto Duque pidió el retiro de la reforma se hicieron virales en redes sociales mensajes que pedían más protestas bajo la frase «el paro sigue», en referencia al nombre original de este movimiento: el Paro Nacional.
¿Cuáles son, entonces, las demandas originales de este movimiento inédito que parece haber llegado para quedarse?
Una economía más igualitaria
Por mucho esfuerzo que haga Duque para destacar el valor asistencialista de su reforma, sus iniciativas económicas cuentan con un problema quizá irremediable: la desconfianza.
Duque es un aliado férreo del sector privado, viene de un partido conocido por su carácter terrateniente. El presidente, el Centro Democrático y, sobre todo, Carrasquilla representan como pocos el modelo económico que las protestas buscan enterrar.
Para los manifestantes del Paro, la economía colombiana está anclada en el clientelismo político que ha eximido de impuestos y competencia abierta durante años a los grandes oligopolios del banano, el azúcar y la minería, entre otros. Así que un cambio de ese modelo desigual y excluyente y que gradúa como el segundo más desigual de América Latina y el séptimo en el mundo es el principal objetivo de esta movilización. .
Sectores de la oposición y los manifestantes del Paro pedían la renuncia de Carrasquilla (exministro de Hacienda) el cual presentó la misma el día que el presidente Duque pidió retirar el proyecto de reforma tributaria del congreso;
esperando con esto medidas que luchen contra la desigualdad, la pobreza y el clientelismo.
Una reforma a la policía
La desconfianza de los manifestantes hacia el gobierno sobrepasa el ámbito económico: se manifiesta también hacia la fuerza pública, una institución clave en un país con 60 años de conflicto armado a sus espaldas.
En estos días de protestas, la ONG ha documentado 940 casos de violencia policial e investiga la muerte de ocho manifestantes presuntamente atacados por policías; en el primer trimestre del 2021 registraron 146 abusos y 13 muertos y el año pasado contabilizaron 86 presuntos homicidios.
En septiembre de 2020, el asesinato de 13 personas durante la represión policial de dos jornadas de protesta en Bogotá generó un debate profundo en el país: la necesidad de una reforma a la policía, que incluya el desmantelamiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), encargado de reprimir las protestas.
A diferencia de la mayoría de países, la policía en Colombia hace parte del Ministerio de Defensa y está estructurada, su capacitación, lenguaje y objetivos para un contexto de conflicto armado contra un enemigo concreto: las guerrillas marxistas, no el pueblo.
Desde el punto de vista de los manifestantes, entonces, se espera una autoridad que no los trate de subversivos, sino como civiles con derechos democráticos, y que esté sujeta a mecanismos de sanción imparciales, rigurosos y eficientes.
Mejor implementación del proceso de paz
La búsqueda de un modelo económico y una policía distintos tiene que ver con la idea de un país nuevo.
La generación que lidera las protestas en las calles creció en un país en guerra, y hoy su mayor anhelo es que la política supere esos traumas del conflicto y permita, incluso a través de la protesta pacífica, hablar de temas como educación, derechos sociales y legalización de las drogas, entre otras cosas prohibidas en el debate en Colombia durante décadas.
Duque defiende su política de paz, la cual tiene como principal apuesta el desarrollo productivo de las regiones más afectadas por el conflicto. Sin embargo, sus críticos señalan que la pobre implementación del acuerdo ha generado el aumento de masacres, asesinatos de líderes sociales y desplazamientos masivos de gente en regiones remotas del país.
Que Duque quiera atender el conflicto armado con las mismas estrategias del pasado es, en ojos de un simpatizante del Paro, una prueba de que el uribismo, el movimiento al que pertenece el presidente, «no quiere pasar la página del conflicto porque le conviene para su discurso guerrerista».
