Chiapas: Crimen organizado crece, organizaciones acusan aquiescencia de autoridades

Incremento en el tráfico y consumo de droga, aumento de homicidios y desapariciones, regiones con toques de queda impuestos por personas armadas, agresiones armadas constantes a comunidades enteras; en Chiapas se disparó la presencia del crimen organizado, situación que ha despertado las alertas en organizaciones y ciudadanos que reclaman la acción de las instituciones del Estado.

El Observatorio Nacional Ciudadano reportó que de acuerdo a las carpetas de investigación registradas por la Fiscalía General del Estado y recopiladas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el delito de narcomenudeo se ha mantenido  en 2022 “con un patrón de crecimiento sostenido y generalizado en Chiapas”.

Sólo en el mes de abril, señala el organismo en su informe más reciente donde analiza las estadísticas de seguridad y justicia, en Chiapas se reportaron 14 denuncias diarias del delito de narcomenudeo, lo que representa, de acuerdo al Observatorio, un aumento del 400 por ciento en sólo un mes; añade que hay municipios con un incremento de este delito de hasta el 2000 por ciento en el mismo periodo.

Otro dato lo aporta la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS), que trabaja para mejorar las condiciones de niños y niñas. Refiere como uno de los epicentros de las acciones del crimen organizado a San Cristóbal de Las Casas; en esa ciudad el 11 de agosto de 2021 fue asesinado el fiscal de Justicia Indígena, Gregorio Pérez Gómez; y varias personas más han muerto a consecuencia de los disparos que realizan integrantes de grupos criminales.

REDIAS, también con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, detalla que en 2021 hubo 14 homicidios con armas de fuego hacia niñas, niños y adolescentes en Chiapas, y cinco en lo que va de este año: el 26 de febrero pasado un adolescente de 16 años fue asesinado con un arma de fuego desde una motocicleta en San Cristóbal de las Casas, el 28 de febrero una niña de 8 años murió víctima de un fuego cruzado en Ocozocuautla, el 22 de mayo ocurrió el homicidio de un adolescente de 14 años en Marqués de Comillas. Se suma el hecho de que en los primeros cuatros meses del año desaparecieron en Chiapas 112 personas menores de 18 años.

La organización refiere la situación en la zona indígena de Los Altos, donde la violencia armada ha impactado la vida comunitaria; solo de enero a abril del 2022 hubieron 1 mil 113 agresiones armadas a comunidades de Aldama; el 26 de marzo una niña de 9 años fue alcanzada por las balas en ese municipio.

Otro caso es el de niñas y niños que quedan huérfanos cuando sus padres mueren por las acciones armadas, como el sucedido el 19 de febrero del 2022, cuando una madre de cuatro niños fue asesinada en el centro de San Cristóbal de las Casas.

Un hecho que se suma en la región es que el pasado 8 de junio, Rubén Valdez Díaz, alcalde de Teopisca, municipio ubicado a 30 kilómetros de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, fue ejecutado por hombres armados que le dispararon en la cabeza, cuando abordó su vehículo afuera de su domicilio; en esta región se ha incrementado el tráfico de personas y armas.

Campesinos, organizaciones de DH y grupos religiosos en alerta

La organización rural Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), en un comunicado que emitió este mes de junio, refiere: la delincuencia organizada, el narcotráfico y la descomposición social está poniendo en riesgo a la integridad física y psicológica de integrantes del movimiento popular y del pueblo en general, sobre todo en la región de Venustiano Carranza, Teopisca, Socoltenango, Comitán de Domínguez y los municipios de la frontera México-Guatemala, donde de forma abierta el negocio del narcotráfico crece, busca expandirse y arraigarse en estas regiones.

Detallan que “la presencia de agentes ajenos al entorno inmediato, carros blindados, retenes intimidantes y proposiciones de reclutamiento con pagos que superan cuatro salarios mínimos semanales (…) siembran el terror en los pueblos”.

Dentro de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, sacerdotes y feligreses se han sumado a la denuncia del impacto que está dejando el avance de la delincuencia organizada en el estado de Chiapas. En un comunicado el Pueblo Creyente de la Diócesis denunció que “la inseguridad, la violencia y la disputa territorial provocada por el crimen organizado (…) trae consecuencias muy fuertes para nuestros municipios y nuestros pueblos, como la narcopolítica, la drogadicción en los ejidos, el aumento de cantinas, robos de carros y motos, asesinatos”.

En Chicomuselo, uno de los municipios de la zona fronteriza con Guatemala, donde grupos armados se han enfrentado, colocado retenes donde revisan a las personas que transitan, e impuesto toques de queda, el sacerdote Matías Rodríguez Jiménez, párroco del lugar, denunció el acoso de los grupos criminales: me siguieron cinco motociclista, embistieron el vehículo en el que iba y me dijeron “sabemos quién eres y qué haces. Ten cuidado”.

El secuestro y desaparición de personas se ha vuelto constante en esa región; sin embargo, en la mayoría de las ocasiones los familiares no han hecho denuncias. Matilde (N), del Pueblo Creyente, denunció en una reunión de feligreses que en abril pasado que cuando se transportaba en una camioneta de transporte público, “unos hombres armados nos detuvieron, bajaron a las mujeres, a mi no, creo que por ser una persona mayor. Se las llevaron (a tres mujeres), sus familias no las encuentran, no hemos vuelto a saber de ellas, pero hay miedo de denunciar».

La situación y llamados de ayuda de la población a organizaciones de la sociedad civil, convocó a instancias defensoras de derechos humanos, quienes el pasado 1 y 2 de junio se reunieron en esta entidad.

En un pronunciamiento al final del encuentro, señalaron “el grave panorama de inseguridad y violencia que se vive en el estado de Chiapas, frente a un contexto complejo donde el crimen organizado y grupos armados vinculados al cacicazgo político, agrario y económico, (que) actúan contra la población civil con la aquiescencia de autoridades de los tres niveles de gobierno”,

Tras varios días de análisis, el Servicio Civil para la Paz (Ziviler Friedensdienst) de Pan para el Mundo (Brot für die Welt) de Alemania, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Aluna Acompañamiento Psicosocial, la Universidad de la Tierra Oaxaca, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, CODIGO DH, así como Serapaz, sostuvieron que es “la impunidad que protege y alienta el actuar de grupos criminales y empresariales que se disputan el control de territorios, recursos y mercados”.

Se activa organización comunitaria

Las organizaciones que se reunieron, resaltaron que “a pesar de la violencia generalizada, las comunidades siguen de pie, construyendo caminos de paz y alternativas para fortalecer su autonomía y defender su territorio”.

Por su parte, organizaciones religiosas ligadas a la Diócesis de San Cristóbal también hicieron un pronunciamiento donde señalaron: como Pueblo Creyente nos comprometemos a corresponsabilizarnos en la búsqueda de la seguridad comunitaria. Por lo cual también procuraremos de manera urgente articularnos más entre áreas, instancias, grupos y organizaciones, en la búsqueda del Bien Común.

En la zona norte del estado, pueblos de origen indígena también determinaron reforzar medidas que pudieran hacer freno al avance de grupos del crimen organizado; en mayo pasado se manifestaron abiertamente en una marcha pacífica personas provenientes de los municipios Jitotol, Pueblo Nuevo, Rincón Chamula, Tapilula, Ixhuatán, Solosuchiapa, Ixtacomitán y Chapultenango. Lo mismo hicieron habitantes de la zona indigena de la zona selva.

Durante los mítines, sus pronunciamientos han sido llamados: “a las autoridades municipales les pedimos que reflexionen sobre el papel que están desempeñando en la lucha contra la violencia; pues el pacto debe ser con el pueblo y no con la delincuencia organizada”.

Sin embargo, las organizaciones que se reunieron el 1 y 2 junio sostuvieron: «resaltamos la responsabilidad del Estado Mexicano en estos agravios, ya sea por comisión, omisión o aquiescencia (…) instamos al Estado Mexicano a garantizar el acceso a la justicia y a la verdad y a combatir la cooptación de autoridades de los diferentes niveles de gobierno por redes de intereses criminales-políticos-económicos. Es fundamental que haga explícitas, más allá del discurso, acciones encaminadas a la construcción de paz”.

Por su parte, autoridades de los gobiernos federal y del estado, quienes sostienen cada semana «mesas de seguridad», no han emitido pronunciamientos particulares sobre la crisis de la que alertan organizaciones y ciudadanos.