Caso Camila: Renuncia el secretario de Seguridad y vinculan a los tres hombres sobrevivientes del linchamiento por el feminicidio

La tarde de este lunes, el secretario de Seguridad en Taxco, en el Estado de Guerrero, Doroteo Eugenio Vázquez, renunció a su cargo tras emitir días antes declaraciones en las que señalaba que parte de la responsabilidad en el secuestro y el asesinato de la pequeña Camila, de 8 años, había sido también de su madre, al no cuidarla lo suficiente. Horas después, durante la conferencia matutina del presidente López Obrador y su gabinete de Seguridad este martes, se confirmó la vinculación a proceso de los tres hombres sobrevivientes del linchamiento del pasado jueves: Axel “N”, de 21 años, y José Ricardo “N”, hijo y pareja de Ana Rosa “N”, han sido trasladados al Cereso de Iguala, en ese mismo Estado, mientras que el otro joven, Juan Alfredo “N”, de 17 años, fue enviado a Chilpancingo, a un albergue tutelar para menores de edad. Los tres han sido acusados del delito de feminicidio agravado.

En medio de la tragedia, que parecía no tener un final, el entonces secretario de Seguridad de Taxco, responsabilizó a la madre de Camila por omisión de cuidado. “Hubo una responsabilidad maternal y hay una omisión, porque si yo como padre tengo un hijo, debo vigilarlo, guiarlo, orientarlo. Aquí supuestamente la señora dejó salir a su niña sin las medidas de seguridad pertinentes”, declaró en algunos noticieros. Su renuncia estaba anunciada e incluso había sido solicitada por el alcalde Mario Figueroa.

La Fiscalía General de Guerrero mantiene una carpeta de investigación abierta para determinar con el o los responsables del asesinato de Ana Rosa “N”, quien murió por la gravedad de sus heridas provocadas por la golpiza que vecinos le propiciaron después de que la policía lograra llevarse al hospital a sus hijos y a su pareja. Ana Rosa, de 37 años, una vez rescatada por las autoridades, fue llevada directamente al Ministerio Público sin recibir atención médica, a pesar del estado en el que iba trasladada.

Al respecto, el subsecretario de Seguridad Luis Rodríguez Bucio, insistió en que la Fiscalía Estatal actuó a tiempo y sí hizo los trámites correspondientes con respecto a los hijos de la mujer: “las órdenes de aprehensión se solicitaron en tiempo, pero debido a su estado de salud se ejecutaron una vez que mediante certificado médico se determinó que no peligraba su vida”, dijo Bucio sobre los dos jóvenes y la pareja de Ana Rosa.

La causa de la muerte de Camila: “asfixia intencional por un tercero”

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de López Obrador también hizo una cronología de los hechos, tal y como lo hizo el pasado sábado el alcalde de Taxco, cuando proporcionó, a través de un video en su Facebook, una versión que contradice gran parte de lo informado la mañana de este martes en Palacio Nacional. Ahí, Rodríguez Bucio señaló que la causa de la muerte de Camila había sido ya confirmada por los servicios del Servicio Médico Forense (Semefo): “asfixia mecánica intencional por un tercero”.

En su comparecencia, las autoridades federales confirmaron que durante la estancia de la madre de Camila en el Ministerio Público el pasado miércoles 27 de marzo —unos minutos después de que le dicen que su hija no llegó nunca a la casa de su vecina— recibió tres mensajes de texto en su teléfono móvil en los que le pidieron un rescate por su hija: “En el primero le pedían como rescate 250.000 pesos (unos 16.000 dólares), luego 35.000 (poco más de 2.000 dólares) y en un tercer mensaje le pedían 8.000 pesos (unos 500 dólares). No se realizó ningún pago”, aseguró Rodríguez Bucio.

José Ricardo “N”, de 36 años, taxista y pareja de Ana Rosa “N” ha sido vinculado a proceso por el delito de feminicidio agravado, y enviado al Centro de Reinserción Social (Cereso), en Iguala Guerrero. Es la misma situación en la que se encuentra uno de los hijos de la mujer, Axel “N”, de 21 años. Mientras que, por ser menor de edad, el otro hijo de Ana Rosa, Juan Alfredo “N”, de 17 años, permanecerá durante seis meses en un centro de reclusión para menores infractores, en Chilpancingo, la capital de Guerrero.