Cinco mujeres fueron rescatadas de una «red de explotación» en Benito Juárez, Quintana Roo
Cinco mujeres presuntas víctimas de hechos posiblemente constitutivos del delito de trata de personas, en su modalidad de prostitución ajena, fueron localizadas y rescatadas por agentes de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina – Armada de México (Marina) y elementos de la Policía Municipal, tras labores de investigación e inteligencia y dar cumplimiento a dos órdenes de cateos, en igual número de inmuebles.
Primer Cateo:
La primera técnica de investigación tuvo lugar en un bar clandestino ubicado en la avenida José López Portillo, entre calle sin nombre y calle Las Bugambilias, en la colonia Tres Reyes, donde agentes investigadores localizaron a las cinco mujeres, todas de nacionalidad mexicana, quienes se dedicaban a fichar con clientes y a ofrecer servicios sexuales.
De acuerdo con las primeras indagatorias, en el establecimiento las víctimas fichaban por 50 pesos el vaso.
Para la prestación de servicios sexuales, cobraban entre 500 y 2 mil 500 pesos, dependiendo de la edad de la víctima, en ambos casos, el establecimiento se beneficiaba con el 50 por ciento de lo recaudado.
Segundo Cateo:
La segunda acción se llevó a cabo en un bar localizado en la calle 3 Oriente, en la Supermanzana 64.
Las investigaciones preliminares indican que mujeres jóvenes trabajaban bajo un sistema de “fichas” o consumos, con un costo de 100 pesos; de este monto, el 50 por ciento también era destinado al establecimiento.
Cabe señalar que, en este último sitio, los agentes aseguraron diversas sustancias con características de narcóticos, preservativos, bitácoras de registro de las víctimas y seis DVR. Asimismo, localizaron cuartos privados donde se ejercía la explotación sexual.
Tras concluir las diligencias, se colocaron sellos de aseguramiento en los inmuebles, quedando ambos lugares bajo resguardo de la Representación Social.
Por su condición de vulnerabilidad, las mujeres fueron resguardadas y canalizadas a la autoridad correspondiente, a fin de garantizar su protección, atención integral y acceso a sus derechos.
