Yucatán: Mafia inmobiliaria en la costa
La exalcaldesa priista de Chicxulub Pueblo Guadalupe del Rosario Canto Alé entregó en forma gratuita, en junio de 2016, un terreno de casi 14 hectáreas, al parecer del fundo legal de ese municipio, a la llamada “mafia inmobiliaria de la costa”.
Se trata del tablaje catastral 5959, ubicado en una zona de gran potencial, a la salida de la cabecera municipal, rumbo a Conkal, donde ahora hay varios fraccionamientos y “lotes de inversión”, de acuerdo con datos recogidos por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia. Por razones hasta ahora desconocidas, el beneficiario de esta operación, la empresa Alimentos Procesados Peninsulares, S.A. de C.V. —estrechamente vinculada a la “mafia inmobiliaria”— , devolvió ese terreno al Ayuntamiento de Chicxulub Pueblo, casi un año después de la adjudicación. La adjudicación habría sido ilegal, ya que en la Dirección del Catastro del gobierno del estado no existe el historial registral del predio.
Un terreno creado artificialmente
Según vecinos de Chicxulub Pueblo, consultados por este periódico, lo que ahora se conoce como el tablaje 5959 habría sido creado artificialmente, en abril de 2016, aproximadamente —poco antes de la adjudicación gratuita— en la misma época en la que llegó el programa Patrimonio Seguro, del gobierno de Rolando Zapata Bello, a ese municipio y a Ixil. El programa se enfocaba a la regularización de terrenos de personas de escasos recursos, mediante la entrega, entre otras cosas, de su cédula catastral.
Antes de esa fecha no existía el tablaje 5959. De acuerdo con los vecinos, ese terreno estaba formado por parcelas sin asignar de los ejidos de Conkal y Chicxulub Pueblo y colindaba al oeste con la prolongación de la calle 18 de esta población; al este, con el explantel San Felipe; al norte, con supuestos predios del fundo legal, y al sur colindaba con otros terrenos de este tipo, varios solares urbanos, la escuela secundaria técnica, la carretera Chicxulub-Conkal y con una parte del ejido de Conkal.
Por medio de Patrimonio Seguro se le habría dotado de nomenclatura y cédula catastral.
Además de este terreno, como ya publicamos, Canto Alé entregó gratuitamente el lote catastral 5964, también de Chicxulub Pueblo, con 27,986 metros cuadrados, a la empresa Grupo Thermoeléctrico de la Península, de Julio Presuel Moreno (también representante legal de Uredi, pieza clave de la “mafia inmobiliaria”), quien luego lo vendió a Julio César López y a su hijas y a la exesposa del diputado federal de la coalición PVEM-Morena-PT, Mario Peraza Ramírez, entre otras personas.
En cuanto al tablaje 5959, datos recabados en el Registro Público de la Propiedad señalan que Canto Alé adjudicó gratuitamente ese predio, con 138,933 metros cuadrados (13.8 hectáreas), a la empresa Alimentos Procesados Peninsulares (APP), representada por Jorge Carlos Rodríguez Castillo, en un acto protocolizado por el escribano público de Ucú, Alberth Yadir de Jesús Córdova López, el 30 de junio de 2016. Éste, como se sabe, fue destituido de su cargo por el gobierno del estado en enero de 2019, por incurrir en numerosos actos de corrupción.
Reversión de la propiedad
Empero, el 31 de mayo de 2017, la empresa beneficiada hizo una “reversión de la propiedad” a favor del ayuntamiento de Chicxulub Pueblo, es decir, retransmitió el predio al propietario original, a través de una escritura realizada por el notario Carlos Evia Salazar.
Hasta ahora los reporteros del Central 9 no han podido confirmar las razones de esta medida y si el predio figura en el patrimonio inmobiliario del Ayuntamiento de Chicxulub Pueblo.
Junto a la adjudicación gratuita a su favor del tablaje 5959, APP recibió, igualmente en forma gratuita, los tablajes 4258,4264,4267 y 4265 de Dzilam Bravo, de parte del entonces alcalde, Julio Villanueva Rivero. En conjunto, esos tablajes suman 483 metros lineales de playa en ese municipio.
Rodríguez Castillo, principal socio y representante legal de APP, también fungió como administrador único de Nahín, la cooperativa pesquera fantasma de Dzilam Bravo, fundada entre otros por el propio Villanueva Rivero, que recibió de éste, en forma gratuita, en 2016, 234,879 metros cuadrados de superficie total y 380 metros lineales de playa, al parecer, propiedad de la nación.
En noviembre de 2018, los socios de Nahín, como ya publicamos, otorgaron un “poder general amplísimo” al entonces recién electo diputado federal Peraza Ramírez, uno de los principales involucrados en esta “mafia inmobiliaria”.
Quiénes son los intermediarios
Central 9 averiguó que APP y Rodríguez Castillo operaron a favor de este grupo como intermediarios entre el alcalde de Dzilam Bravo, Villanueva Rivero y, en este caso, Canto Alé de Chicxulub Pueblo, y Julio César López, otro hombre clave de la mafia. Este es un chiapaneco que, según estimaciones de la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, se apropió, junto con varias de sus hijas, de 890 metros lineales de playa en Dzilam Bravo, de los cuales 467 metros, por lo menos, lo hizo comprando esos terrenos a precios simulados a Rodríguez Castillo y a su empresa Alimentos Procesados Peninsulares.
Rodríguez Castillo es socio de Enrique Uribe Gurrutia. Ambos fundaron esa empresa en octubre de 2008 con el objeto, entre otros, de elaborar y vender alimentos empacados.
Rodríguez es contador público y maestro en Impuestos, por la Uady, y Uribe es arquitecto y además de trabajar en APP laboró en Uredi y Grupo Thermoeléctrico Peninsular, controladas por Presuel Moreno. Fue igualmente director de Aidico, S.A. de C.V., una constructora que recibió numerosos contratos de obra en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco.
