Violencia familiar será perseguida de oficio en Yucatán: Congreso del estado

Hoy, en el Pleno del Congreso del estado Yucatán aprobaron de manera unánime dos iniciativas para contribuir con la erradicación de la violencia en Yucatán, una en materia de violencia digital y violación a la intimidad reconociendo la violencia mediática y otra para que el delito por violencia familiar sea perseguido de oficio.

En cuanto a la aprobación para que la violencia familia sea perseguida de oficio, la diputada Vida Gómez Herrera, quien interpuso la iniciativa, recordó que esta fue posible gracias a las estudiantes de derecho Alejandra Koyoc González y a Fernanda Ronzón Nabté, quienes “hace un año aproximadamente se acercaron a esta representación con la preocupación de atender de fondo una problemática que en el acompañamiento de los casos que hacen a las mujeres víctimas de violencia detectaron”.

Visibilizó que pedirles a las víctimas ratificar el delito es revictimizante porque muchas de ellas no pueden salir del entorno en donde viven la violencia y pedirle esto a niñas, niños o personas adultas mayores es aún más complejo.

Con esta aprobación, dijo, es momento de que “rompamos con círculos de violencia, que no se han dado en muchas ocasiones por una generación, sino que han pasado de generación en generación haciendo más grande la violencia en nuestro Estado”.

Reconocer que en Yucatán hay violencia y feminicidios, permite crear medidas como lo hicieron hoy, opinó. “El paso más importante lo tendrán las autoridades, lo tendrá la Fiscalía, lo tendrá el Poder Judicial” para perseguir el delito.

Su compañera diputada, Carmen González Martín, del Partido Acción Nacional (PAN), celebró este avance, mirando que el delito puede ser perseguido sin necesidad de que la persona afectada acuda a hacer la denuncia directamente facilitará la intervención a las agresiones dentro de la familia.

Puntualizó que también aumentarán hasta en una mitad las penas cuando la víctima sea menor de 18 años o mayor de 60, así como cuando viva con alguna discapacidad física o mental.

Violencia digital y mediática

La diputada Fabiola Loeza Novelo, desde el pasado mes de mayo del año en curso, propuso una iniciativa para modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal del Estado de Yucatán, ahora, esta propuesta fue aprobada para incrementar las penas de 3 hasta 6 años y de 500 a mil UMAS como sanción económica por la difusión de contenido íntimo.

“Con esta modificación a la ley y al código penal estoy segura de que serán palpables las determinaciones de las autoridades encargadas de vigilar y aplicar justicia en casos de violencia simbólica y mediática; así como en el tipo penal de violación a la intimidad sexual”, dijo la diputada.

Reformar el Código Penal del Estado, desde su visión, “refuerza las acciones contra quienes abusan de la confianza y la cercanía con una persona para compartir, divulgar o distribuir contenido de índole sexual grabado, audiograbado, ya sea imágenes, o videos, audios o fotografías sin el consentimiento o autorización para ello”.

Con esto, también dotan de atribuciones a la Secretaría de Mujeres y a gobiernos municipales para actuar en materia jurídica “en favor de medidas preventivas que abonen a la correcta aplicación de los objetivos y principios de la ley de acceso de la entidad previamente mencionada”.

Considerarán también agravantes para incrementar una mitad más de las penas de prisión cuando quien cometa el delito obtenga un lucro o tenga un beneficio diverso al monetario, así como cuando quien lo cometa sea cónyuge, concubino, pareja de hecho o haya tenido una relación de confianza con la víctima, si fuera servidor público, o que la revelación de estas imágenes ocasionen que la víctima atente contra su vida; entre otros supuestos.

El diputado del Partido Revolucionario Institucional, Gaspar Quintal Parra, detalló que de enero al 31 de Julio de 2022, se registró un total de 82 presuntos delitos de violencia familiar y 2 mil 138 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de este tipo de violencia, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; por lo que considera necesarias estas modificaciones en materia de violencia mediática y digital.